El comisionado para el Esclarecimiento de la Verdad en la región nororiental habla de la coyuntura del Catatumbo, las demandas hechas en el marco del paro nacional y la preocupación por el regreso de la aspersión con glifosato.

Saúl Franco es médico, trabajó toda su vida como profesor universitario y se dedicó a investigar el impacto de la violencia en la salud, tanto en la vida de las personas como en los colectivos. Es parte de la Comisión de la Verdad como comisionado y en calidad de tal ha estado muy presente en la región nororiental del país. La Comisión dividió su trabajo en varias regiones del país y a él le correspondió la región nororiental, que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare y una parte de Boyacá.

¿Cuál es la radiografía actual de la situación en el Catatumbo?

En la subregión se ha vivido un impacto muy fuerte de la persistencia del conflicto. Realmente la tregua que se logró con la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana duró muy poco tiempo, 2016-2017 y un poco de 2018. Pero ya luego ha venido un deterioro muy fuerte con la presencia de múltiples actores armados, tanto los que tradicionalmente han estado en la zona, como ahora esta emergencia o reaparición de otros actores. Hay que señalar, además, el incremento del problema del narcotráfico en la región, tanto de las plantaciones de coca como del procesamiento y la circulación de los productos que salen y de los insumos requeridos para la producción. Esto ha intensificado mucho la conflictividad en la región, realmente el problema de los cultivos y el tráfico han sido muy serios y la han marcado mucho.

También es importante señalar el problema fronterizo, hay una parte importante de la región del Catatumbo que forma parte de la frontera con Venezuela. He dicho varias veces que las fronteras son como la piel de los organismos, es decir, que son un tejido que sirve igual para aislar que para comunicar, e igual para que entren buenas energías, buena luz y buena fuerza como para que salgan o se filtren fuerza negativas. Esta realidad de frontera, que uno diría que en principio debe ser altamente benéfica y enriquecedora en ambos sentidos, realmente se ha vuelto por múltiples razones, incluida la interferencia de este tipo de actores que señalé anteriormente, una cuestión de alta conflictividad.

¿Cuál es la radiografía actual de la situación en el Catatumbo?

El Catatumbo es una región con una conflictividad muy fuerte, es cierto, pero también lo es que ha tenido una capacidad organizativa impresionante. Me han llamado la atención dos cosas grandes del Catatumbo: la primera es la enorme riqueza que tiene en agua, en recursos naturales, en agricultura, una riqueza minero energética incomparable, en donde uno comprende que la conflictividad que tiene está generada por esa riqueza. Pero, además de esta riqueza material, hablamos de una riqueza organizativa tan impresionante, una población casi excesivamente organizada, con una vitalidad y unos procesos participativos admirables. Así que, desde esa perspectiva hay que quitarse la idea de que estamos ante un territorio de nadie, o ante un territorio sin recursos porque es una región de una enorme vitalidad humana y natural y al tiempo de una conflictividad supremamente grande y compleja dado que al entrecruzamiento de estos factores se suma un gran problema, que además nos atañe a todos como país, no solo al gobierno sino toda la sociedad colombiana, y es la mirada estrictamente extractivista que se ha tenido siempre del Catatumbo, de sacar el producto, el voto, la riqueza, pero no se establece un vínculo orgánico en el que haya una preocupación real por un enriquecimiento mutuo.

También es equivocado hablar de una ausencia estatal en el Catatumbo, es una ausencia selectiva del Estado, no podemos decir que no está, porque tiene una presencia muy fuerte, pero una presencia de predominio militar por una parte y en general favoreciendo ciertos intereses que no son los populares. Un indicador relativamente simple, las vías de acceso, la carretera Tibú-Cúcuta debería tardar dos horas y uno gasta hasta el doble por la precariedad de las vías. Así, es importante plantear que este paro se da en una condición bastante explosiva, en una situación de tensiones muy grandes. Así como lo mencionaba antes, se ve en medio del paro esa gran potencia movilizadora de la población del Catatumbo. Ahora, si bien hay que reconocer el derecho a la protesta, también hay que saber que los bloqueos deben priorizar el campo de la salud, no hay ninguna razón que justifique que se impida la circulación de los insumos médicos, del personal de salud y los pacientes.

¿Cuáles son las necesidades de esta zona?

En la región hubo una presencia guerrillera muy fuerte en la década de los años setenta, luego una presencia muy fuerte y muy violenta del paramilitarismo. Aunque esta no es la única región golpeada por el conflicto en el país, el Catatumbo ha vivido la guerra de una forma muy álgida, con presencia de todas las guerrillas: el Epl, que sigue en el territorio, las Farc, el Eln. No en todos los territorios han estado todos los actores, en el Catatumbo sí. El ingreso del paramilitarismo en la región fue agresivo y con consecuencias grandes, con procesos de degradación del conflicto muy serios. Una de las masacres más grandes del país ocurrió en La Gabarra, perpetrada por las Farc, un proceso de esclarecimiento de la verdad en el que hemos estado trabajando, y espero no terminar el período en la Comisión sin hacer el acto de reconocimiento de esta masacre.

¿Cuáles son las consecuencias de esta permanencia tan fuerte del conflicto armado en Colombia?

Esta magnitud del conflicto causó grandes desplazamientos, en los que creo que el Catatumbo perdió mucha de su mejor gente, al mismo tiempo sus tierras tuvieron una transformación muy grande porque pasaron a otras manos para darle otro uso, este despojo marca también muchas de las características de la región. Por esa fortaleza de la conflictividad armada el Estado ha tenido una presencia militar también muy grande y de ahí vienen estos problemas que todos conocemos de cierto favorecimiento de la Fuerza Pública a algunos actores y un cierto distanciamiento de la población campesina, popular. Este nivel del conflicto tuvo rezagos en aspectos como la dotación de servicios públicos, el tema de las vías de comunicación, la educación y la salud. Una carencia de garantías democráticas debido a la presión ejercida por el actor armado que tuviera el predominio.

¿Qué sucedió después del desarme de las Farc?

Todo esto nos lleva a entender, entre otras cosas, lo importante que fue el proceso de paz para el Catatumbo y las expectativas que se crearon en la región con el mismo, porque allí se pusieron los ojos en el campo. El primer capítulo abre con la cuestión agraria, porque ese es el núcleo de la conflictividad en la historia del país, y en el Catatumbo se veía de manera contundente. Había una esperanza muy grande en los acuerdos por la intensidad del conflicto y la presencia de estos actores armados. Si la implementación se hubiera dado la región se habría transformado a través de la reforma rural integral o los PDET. No estaría hoy el Catatumbo donde está, ahí comparto lo que dicen los líderes sociales de la región: si se hubiese implementado lo fundamental de los Acuerdos de Paz, no estaríamos hoy donde estamos.

Como en el tema de los cultivos ilícitos…

Si la cuestión de los cultivos hubiera tenido un tratamiento diferente, no estaríamos hoy de nuevo en el debate sobre la fumigación con glifosato. Porque el tema de los cultivos de uso ilícito necesita una regularización de la propiedad de la tierra y un impulso a las economías de la región para que se vea realmente otra alternativa a la de la coca. Si en vez de una presencia militar se hubiese establecido una presencia estatal sólida en infraestructura, energía, educación sobre todo en el nivel rural, no estaríamos donde estamos en este momento.

¿Cuáles son los acuerdos a los que se puede llegar para una sustitución efectiva de los cultivos?

Quiero entrar en esta parte, rindiendo un homenaje a la memoria de Alejandro Carvajal, un joven líder de 20 años asesinado el 26 de marzo del año pasado. Él justamente se oponía a la erradicación forzada, llevaba un camino indudable de liderazgo, era sobrino de un líder reconocido. Es asesinado precisamente por oponerse a la erradicación forzada y por proponer una sustitución voluntaria de cultivos y la apertura de otras formas de la economía que brindara oportunidades a las personas del Catatumbo.

En La Habana se dieron unas directrices muy claras de esto, y hay una que a mí como médico me interesa mucho, que es entender este problema desde una perspectiva de salud pública, sobre todo en términos de la cuestión del consumo de psicofármacos. Este problema del narcotráfico, diría, tiene tres dimensiones: la económica, porque mueve una gran cantidad de dinero en todos los niveles, las grandes porciones de tierra que necesita, además del proceso de producción, los insumos que se requieren y luego la pasta de coca ya producida mueve miles de millones de dólares. Colombia en eso está en un lugar desafortunadamente destacado, es un negocio que mueve mucho dinero, pero que no beneficia al campesinado sino a otros sectores, incluyendo también al sector financiero. Por lo tanto, su otra dimensión es política, aquí se juegan intereses políticos muy grandes, justamente por esa cantidad de recursos que moviliza, ahí las orientaciones de la forma de enfrentarlo supera los límites nacionales y se convierte en una cuestión de alta política internacional. De hecho, en este momento en Colombia, seguimos el guion que han hecho Estados Unidos para enfrentar este problema, el prohibicionismo, el enfrentamiento de corte militar y tratar de extirpar los cultivos por vías químicas altamente nocivas para la naturaleza, para las personas y ahí pagan los campesinos y campesinas. Los grandes dueños del negocio los toca remotamente el glifosato, los grandes perdedores son los campesinos a quienes los toca en su salud física, la de sus animales, sus plantas de pancoger.

El Acuerdo de Paz también planteó que el campesino pueda acceder a otras cosas que le garanticen una vida digna y que no lo lleven a entrar casi que forzosamente a estas economías del narcotráfico. Si estos postulados de los Acuerdos de Paz se aplicaran en el Catatumbo estaríamos frente a una solución muy distinta. Así, posteriormente, podríamos hablar de la posibilidad de la legalización como una solución al problema. Así que vamos en reversa en dos cosas, la primera es que no se hayan implementado los Acuerdos de Paz y al mismo tiempo se enfrenta el problema con un mecanismo que ya sabemos que no es eficiente y tiene graves consecuencias. Este caldo de cultivo, que afecta tan fuerte al Catatumbo, es además un gran componente para la persistencia de la conflictividad armada.

¿Cómo está la situación de los excombatientes en la zona?

Hay que hablar también de la situación de los excombatientes, una guerrilla que firma un acuerdo de paz, que entregaron la mayor parte de las armas y, si bien no entraron en los acuerdos el 100 % de los guerrilleros, sí la mayoría. Luego hay que ver el incumplimiento en términos de los proyectos productivos, en su seguridad personal, los asesinatos siguen siendo cotidianos en el Catatumbo, hace unos días mataron a la Fiscal de Tibú. Vemos que sigue este desprecio olímpico por la vida y ahí entra también el problema de la impunidad, que no exista un Estado que garantice justicia. Para nosotros ha sido muy importante entender esa dinámica del conflicto, aclarando su gran complejidad, el Catatumbo combina todos los factores que generan el conflicto en Colombia, desde el problema de la tierra hasta la presencia de los actores armados, el Catatumbo es una universidad, si entendemos la lógica del conflicto allí, entendemos la lógica del conflicto en todo el país. Si somos capaces de apuntar a las salidas para el conflicto en el Catatumbo, estamos tocando la médula para que Colombia salga del conflicto armado.